Por Sabrina Díaz Rato (*)

 

dsc_8406-pEl último informe “Iniciativas para el cierre de la brecha digital” del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la) revela que la mitad de la población de América latina no accede a los servicios de Internet. La razón de este desequilibrio se debe a los altos costos de las tarifas y la escasez de políticas de inclusión y promoción de la economía digital. El estudio, además, arroja otro dato considerable, y es que, para poder acceder a la banda ancha móvil o fija, las personas deben destinar entre el 25 y 50 por ciento de sus ingresos económicos, dependiendo de cada país de la región.

¿Qué consecuencias tiene para la sociedad este cuadro de desigualdades y cuáles son los vectores de respuesta para disminuir la brecha? La primera consecuencia, y la más alarmante, es la profundización de las asimetrías sociales, de distinto orden, pero de igual relevancia porque hoy el desarrollo humano en nuestro continente está totalmente conectado a las tecnologías de la información y la comunicación.

En la actualidad, que 1 de cada 2 personas no tengan acceso a Internet, quiere decir que la mitad de la población en América latina no tiene recursos esenciales para elevar sus estándares de vida. Si la tendencia no se revierte en forma urgente, estos desajustes impactarán en forma dramática en el desarrollo económico, social, político y cultural de nuestra región.

Otra consecuencia, desde la perspectiva estatal, es todavía más preocupante. Los gobiernos, en todos sus niveles, no logran desplegar de modo efectivo los servicios públicos fundamentales en complejos urbanos o rurales porque aún no están conectadas y alfabetizadas digitalmente las sociedades que gobiernan. Otro factor que retrasa el desarrollo. Porque sin tecnologías de gestión resulta prácticamente imposible establecer los patrones de demandas y dar solución concreta a los problemas de cada comunidad. En nuestro contexto histórico, hoy ya es totalmente factible y asimilable para los presupuestos públicos emplear las herramientas digitales disponibles para garantizar derechos y legitimar las acciones de gobierno.

Esta legitimación puede darse por distintos mecanismos. Pero definitivamente, quienes no impulsen las políticas de infraestructura, conectividad y servicios, inclusión digital y alfabetización, tanto hacia dentro como hacia fuera del Estado, harán que el escenario social en América latina se vea cada vez más oscurecido por agudas contradicciones sociales y políticas.

La mejora de la calidad de vida de las personas hoy depende del acceso a los servicios públicos gestionados por el Estado. Sin duda, hemos visto esfuerzos notables y muchos de gran valor así como también algunas prácticas de impacto real de la mano de la iniciativa de actores privados y de la sociedad civil. Pero todavía queda un largo camino por recorrer en materia de innovación pública y proyectos de gran escala que vinculen las TIC con necesidades sociales reales.

Así pues, en mi opinión, es imperioso pensar soluciones para reducir las brechas sociales y para ello Internet y las tecnologías digitales representan una fuente decisiva de poder de transformación. Si prescindimos de las TIC para el desarrollo latinoamericano, y como eje transversal de las agendas de problemas reales, seguiremos asistiendo al incremento ya no de la brecha digital, sino de la más importante, la brecha social: una responsabilidad que no podemos dejar de asumir como protagonistas del cambio, defensores de una sociedad moderna, económicamente sustentable, inclusiva y desarrollada.

(*) Columna de opinión publicada en la revista http://asiet.lat/ edición Septiembre, 2016