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Innovación abierta en el sector público

 

De unos años a esta parte, asistimos a la emergencia del poder relacional, de la transversalidad, de la participación. Este es el enclave que da sentido y protagonismo a la tecnopolítica, base sobre la cual se conceptualiza y se acoge una nueva visión de la democracia: más abierta, más directa, más interactiva. Un marco que supera la arquitectura cerrada sobre la que se han cimentado las praxis de gobernanza (cerradas, jerárquicas, unidireccionales…) en casi todos los ámbitos. El ecosistema de la democracia abierta busca analizar los distintos aspectos de esta transformación en marcha. Se trata de una iniciativa que Democracia Abierta impulsa con apps4citizens, Barcelona, plataforma que promueve la creación de tecnología para el compromiso social y político colectivo.

 

La demanda de modelos participativos más abiertos conlleva la creación de espacios más digitalizados, transparentes, horizontales y abiertos en el sector público, pero también el empoderamiento de todos los agentes sociales.

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Por SABRINA DÍAZ RATO

Nuestras instituciones relucen con un brillo semejante al de las constelaciones que, según nos enseñan los astrónomos, ya están muertas desde hace un largo tiempo.

– Michel Serres, Pulgarcita

 

Michel Serres ha sacudido con tanta picardía el polvillo del vocablo «inteligente» que resulta difícil no invocar su retórica para una reflexión seria sobre innovación abierta y democracia. Frente a la era digital, dice el filósofo francés en su libro Pulgarcita, ¿no seremos nosotros mismos quienes estamos condenados a volvernos inteligentes?

Abrumadora, pero muy original, la pregunta nos interpela en muchos sentidos. Pero esencialmente, nos sitúa de manera directa frente a nuestra capacidad de inventar, de crear otras realidades desde una nueva «subjetividad cognitiva», de cambiar el mundo en que vivimos. Como explica Serres, tal subjetividad surge del extraordinario desarrollo científico y tecnológico de las últimas décadas, liberándonos, en forma definitiva, de una innumerable cantidad de procedimientos intelectuales que las tecnologías digitales y los computadores pueden hacer por nosotros.

En esta perspectiva, y pudiendo saltear la «smartización» de conceptos y artefactos, enfocaremos el paradigma de innovación abierta en el sector público como fuente de valor y capital político.  Hoy sabemos que la demanda de modelos participativos más democráticos y abiertos, proviene, ya no de la insuficiencia ejecutiva y administrativa de los viejos sistemas representativos, sino de la propia cultura y conciencia colectiva que reclama, cada vez con mayor énfasis, mecanismos de respuesta contundentes a los desafíos urgentes. Muchos de ellos – los padecemos a diario -, relacionados con la supervivencia del ser humano en este planeta.

La lista de desafíos en una comunidad o una ciudad – chica, pequeña o grande – constituye una lista de retos sociopolíticos interconectados, y están bien definidos. Un artículo reciente de Antoni Gutiérrez-Rubí explica e introduce este fenómeno en una perspectiva de «derechos» y no de «servicios digitales», y esto es importante apuntarlo aquí como contrapeso a las valoraciones exageradas que se han hecho de la tecnología en el ámbito estatal. La esfera de lo público siempre es un todo conflictivo, de tensas relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, cuya posibilidad de amortiguar y superarlas está dada por nuevas institucionalidades que conformen un organismo vivo y dinámico preparado para correr el centro de decisiones hacia entornos abiertos, transparentes, digitalizados y horizontales.

El paradigma de innovación abierta, como veremos, puede contribuir muy considerablemente a este desafío. Con el impulso político como punto de apoyo y vector de transformación, podrá favorecer escenarios más articulados, hacer crecer el valor público de las redes distribuidas, retroalimentarse de procesos de creación colectiva y sostenerse en condiciones materiales asentadas en dispositivos democráticos e innovadores. El siguiente repaso por algunas de las experiencias analizadas y un resumen de los conectores más relevantes surgidos de una investigación de la Fundación PuntoGov, nos permitirá anclar el fenómeno.

Aprender de la experiencia de otros

Una real expansión ciudadana presupone enriquecer los elementos que propician la síntesis de una racionalidad gestada a partir de saberes técnicos y no técnicos. Podemos destacar la plataforma brasileña CidadeDemocráticacomo ejemplo de participación colectiva que aprovecha la red y convierte las demandas ciudadanas en fuentes primarias de información y de solución a los problemas.   

La Colaboradora del Ayuntamiento de Zaragoza también es otro modelo que podemos subrayar. Se trata de un espacio físico de inteligencia colectiva donde una comunidad colaborativa de técnicos, diseñadores, creativos y emprendedores crean proyectos sobre la base de definiciones de los retos sociales, en forma colaborativa. Gobernados por la filosofía peer to peer – la cultura del compartir – y el contacto humano, están logrando avances verdaderamente significativos.

Otra experiencia de democracia deliberativa es la de los Juicios Ciudadanos de Uruguay, el único país de América Latina que hasta el momento ha logrado llevar a la práctica las «conferencias de consenso» diseñadas y creadas por el Comité Danés para la Tecnología, organismo independiente asesor del Parlamento. La concepción predominante en este proceso de deliberación de asuntos tan sensibles y controversiales como la minería y la energía nuclear ha llevado a un método para la toma de decisiones colectivas y de solución de conflictos que implica supuestos y justificaciones opuestos a los modelos liberal elitista y republicano.

Viabilizar proyectos de interés común, bajo una perspectiva de innovación en Administraciones Públicas con apertura y en dirección a los consensos, requiere no sólo de rutinas específicas sino también de liderazgo político – un liderazgo político bastante diferente de los tradicionales que gobiernan en estructuras jerárquicas y verticales. Pero para que no resulte trivial decirlo, la primera tarea a desarrollar no sólo es cuestión de incrementar el número de actores sociales o informantes diversos acerca de un problema, sino también de asegurar la sostenibilidad de los proyectos que surjan, puesto que la gran parte de las iniciativas desarrolladas en los entornos de innovación están siempre atravesadas y condicionadas por su contexto organizacional – es decir, por su contexto de dinámica política.

Conectores de innovación

¿Cómo puede contribuir la innovación a la construcción de una democracia abierta? La respuesta, a modo de síntesis, se resume en estos conectores de innovación:

  1. colocando a la innovación y la inteligencia colectiva como centro de las estrategias de gestión pública,
  2. alineando a la totalidad de las áreas gubernamentales a metas claras sobre plataformas asociativas,
  3. corriendo las fronteras del saber y del hacer de las arquitecturas institucionales a la deliberación pública de los desafíos locales,
  4. estableciendo roles de liderazgo, en un lenguaje común que todos comprendan, organizando y planificando la riqueza informativa de las ideas ciudadanas y comprometiendo a los involucrados en la sostenibilidad de los proyectos,
  5. haciendo mapping del ecosistema y estableciendo relaciones dinámicas con los agentes internos y, especialmente, los externos: los ciudadanos,
  6. sistematizando la acumulación de información y los procesos creativos al tiempo de ir comunicando los avances a toda la comunidad a fin de retroalimentarlos,
  7. preparando a la sociedad en su conjunto para experimentar una nueva forma de gobernanza del bien común,
  8. cooperando con universidades, centros de investigación y emprendedores estableciendo mecanismos de recompensa,
  9. alineando personas, tecnologías, instituciones y discursos hacia nuevos hábitos urbanos, principalmente los referidos a sostenibilidad ambiental y servicios públicos,
  10. creando planes educativos y formativos sintonizados con las nuevas habilidades del siglo XXI,
  11. construyendo espacios de incubación de nuevas empresas a fin de dar respuesta a los retos locales,
  12. convocar al capital de riesgo a fin de generar un ensamble satisfactorio entre innovación abierta, políticas de desarrollo inclusivo y productividad local.

En este listado quizá sean dos los componentes determinantes de un proceso efectivo de innovación. El primero es el relacionado con la decisión correcta de aquellos mecanismos a través de los cuales hemos corrido las fronteras hacia afuera para hacer ingresar las ideas ciudadanas en el diseño y co-creación de soluciones. Tarea para nada sencilla, porque requiere de una mentalidad organizativa compartida sobre pautas de cooperación que previamente no existían, y que ahora deben sostenerse en diálogos y dinámicas operativas orientadas a resolver problemas definidos por actores externos – no cualquier problema.

Otro aspecto clave del proceso, asociado con romper las barreras institucionales que circundan y condicionan marcos de acción, es la revalorización de una figura clave que no hemos mencionado en todo este recorrido: los policy makers. Ellos no son, precisamente, ni líderes políticos ni funcionarios públicos. Tampoco son los innovadores. Son quienes en la Administración Pública poseen un incalculable valor de capacidad de gestión y de conocimiento, pero que colisionan constantemente con las resplandecientes constelaciones institucionales que ya no funcionan.

En una palabra, son las personas que gestionan la innovación, no las modas tecnológicas. Y son bien distintas a los innovadores, a los emprendedores, los investigadores, u otros agentes de innovación. La gestión de la innovación no busca la innovación. Busca hacer que las organizaciones innoven y que el poder y la influencia de los distintos actores y ciudadanos en la definición programática de los proyectos de bien común encuentren su punto de equilibrio. El paradigma de la innovación abierta en la Administración Pública, como todo paradigma, agrieta los muros de la burocracia pretérita y pone en jaque el paradigma autocrático que todos conocemos. Y es por ello, y solo por ello, que se retrasa la difícil tarea de llevar a la práctica la reinvención de las instituciones – lo cual implica, en medio de tensiones y resistencias, distribuir el poder y las decisiones en marcos de legitimidad y consensos colectivos. Vale la pena intentarlo, porque la condena de volvernos inteligentes nos está dando una oportunidad histórica de evitar futuros escenarios y patrones civilizatorios extremadamente alarmantes.

El desafío es, al fin y al cabo, poner a los gobiernos a la altura de los niveles que ha alcanzado la cultura digital moderna: una nueva manera de sentir, decir y percibir el mundo.

Fuente original: Open Democracy

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Gobernar el ‘Open Data’

  • Hoy la información pública puede compartirse y reutilizarse, pero aún desconocemos si este cambio ayuda a aumentar la confianza en las instituciones y su legitimidad democrática.
  • Publicar datos como los horarios de transporte, los registros de criminalidad o los índices de contaminación ha generado nuevas dinámicas entre la Administración, la ciudadanía y las empresas.
  • Parece evidente que los datos y la política irán cada vez más entrelazados. Y a pesar de que estos puedan ser neutrales, su uso y difusión no lo es.

 

Por Antoni Gutiérrez-Rubí
@antonigr

270-thumbnailSegún la International Data Corporation, una compañía especializada en el análisis de los mercados tecnológicos, la estimación de negocio alrededor del Big Data en el mundo crecerá desde los 122.000 millones de dólares de 2015 a los 189.000 en 2019.  “Los datos son el petróleo del siglo XXI”, afirman expertos y analistas. Detrás de ella se esconde el rápido desarrollo de todas las industrias digitales, así como las oportunidades de negocio y las profesiones que han nacido con ellas y una concepción de nueva era. Este recurso inagotable está brindando oportunidades para las personas y organizaciones que están entendiendo el nuevo paradigma y saben trabajar con él.

Pero la revolución no se limita a la esfera económica. Los datos y la capacidad para capturarlos, transmitirlos, analizarlos y obtener nuevos aprendizajes también han cambiado las reglas de juego para el ámbito de la gestión de lo público y lo político, que entre otras prácticas ha descubierto la capacidad para compartir todo tipo de información con la ciudadanía de forma que aquélla pueda ser reutilizada. Es lo que conocemos como Open Data.

La expansión del fenómeno de los datos abiertos en los últimos años es incuestionable. Desde que en el año 2009 el Gobierno estadounidense lanzó el portal data.gov, en el que abrió todos los datos salvo los de carácter personal o que tuvieran relación con la seguridad del Estado, han sido más de 70 países los que han seguido su ejemplo, y centenares de administraciones regionales y locales, la mayoría correspondientes a países desarrollados.

La publicación y difusión de datos públicos tiene como objetivo facilitar su acceso y permitir la reutilización. En su origen se encuentra la necesidad de cumplir con ciertos criterios de transparencia, incluso para facilitar la participación ciudadana, aunque también se busca promover la innovación y la actividad empresarial alrededor de estos datos, así como una mejora en la toma de decisiones.  En la mayoría de los países desarrollados el sector público es el primer empleador, y su capacidad de gestión de la información prima (la nueva materia prima) es un poderoso caudal de posibilidades.

Publicar datos como los horarios de transporte, los registros de criminalidad, los índices de contaminación, entre otros, ha generado nuevas dinámicas y colaboraciones entre la Administración, la ciudadanía y las empresas. Compartir datos públicos abre espacios para la cogestión de servicios y la colaboración público-privada. A pesar de ello, aun ahora, cuando han pasado años desde el despegue de este ejercicio de transparencia, seguimos con la duda de si esta apertura masiva de datos ha sido capaz de generar una gran transformación.

El análisis del Big Data se convertirá en un elemento clave en el desarrollo económico, y es la base a partir de la cual se diseñarán muchos procesos de innovación, y por tanto el necesario aumento de la productividad que lleva al crecimiento. Ya en Europa este sector es uno de los principales motores de empleo, tanto es así que ahora la duda es si los distintos mercados de trabajo están preparados. Todo parece indicar que no es así, pues sólo en Estados Unidos se prevé que en 2018 tengan un déficit de entre 140.000 y 190.000 analistas de datos, según la consultora McKinsey. Esta es la razón, seguramente, para que la UE haya apostado por el Big Data como la nueva centralidad competitiva.  El Horizonte 2020 (H2020) es el nuevo programa europeo de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2014-2020. El plan de 70.000 millones de euros pretende acelerar la financiación de proyectos de I+D y que la innovación llegue al mercado y a toda la sociedad.

CUATRO DESAFÍOS PARA EL FUTURO

Existe un cierto acuerdo entre los expertos sobre el hecho de que facilitar el uso de los datos y empoderar a los ciudadanos —formarlos— para que los usen a fin de solucionar problemas que les sean cercanos son los retos más próximos para afrontar los cuatro desafíos más inmediatos del Open Data.

Primero. Ser capaces de entender qué ocurre una vez que se han liberado los datos. La mayor parte de las administraciones no tienen forma de trazar losoutputs que se generan con sus datos: quién los está utilizando, para qué, con qué resultados… Monitorizar el uso que se hace de toda la información es prioritario si queremos entender qué funciona y qué no.

Segundo. Asegurarse de que los datos que se generan con dinero público se abrirán lo antes posible, que lo harán en los formatos adecuados y con licencias para que se puedan reutilizar libremente. Esta prioridad implica que la apertura de datos, en lugar de ser el final de un proceso, debe situarse en el centro del proceso. Dicho de otra forma, la Administración es la primera que debe trabajar con estos datos no sólo como medida de transparencia, sino para ir avanzando hacia un modelo de toma de decisiones basado cada vez más en la evidencia. Para hacerlo habrá que incorporarlos en las tareas habituales, de forma que los datos abiertos ya no serán sólo el resultado final del proceso, sino que forman parte de cómo se ejecutan estos procesos.

Tercero. Preparar a las administraciones no sólo para compartir datos propios, sino para trabajar con datos externos. A pesar de que va más allá de la idea original de Open Data y transparencia, lo que trata es de generar nuevos sistemas de colaboración entre las instituciones y empresas que son capaces de explotar elsmall data, es decir, los datos que generamos los usuarios cotidianamente con nuestros smartphones. De esta colaboración existen múltiples ejemplos, como el proyecto entre Strava, la App móvil que usan miles de usuarios para registrar sus desplazamientos cuando corren o van en bicicleta por la ciudad, y el departamento de Transporte del estado norteamericano de Oregon.  En mayo de 2014, la Administración y la App acordaron que el departamento pagaba 20.000 dólares para acceder y analizar los datos generados en su estado. El objetivo era mejorar las políticas de movilidad a través de un conocimiento que hasta ese momento la Administración no tenía, algo tan sencillo como saber por dónde circulaban los ciclistas.

Cuatro. Por último, el reto quizás más complicado y a la vez más dependiente de los otros tres, es el de mejorar la confianza de la ciudadanía en los datos abiertos. Las dudas sobre la utilidad real de estos datos en comparación con otras políticas que se consideran prioritarias, hacen que estas medidas no reciban la atención esperada. También las dudas legítimas sobre la privacidad o la comercialización de lo personal añaden no pocas incertidumbres. Ahora muchos especialistas plantean la necesidad de construir un relato que permita difundir con mayor éxito este tipo de iniciativas. La vía para hacerlo no es otra que mostrar los beneficios que los datos pueden aportar a la sociedad en términos de mejoras en las políticas sociales, transparencia, colaboración entre el mundo público y el privado, y por supuesto en el aspecto económico.

Es de esperar que estos desafíos se debatirán en el próximo congreso sobre Open Data que se celebrará en Madrid el 6 y 7 de octubre, así como muchas de las prácticas que concretan cada desafío aparecerán en el Open Cities Summitorganizado en MediaLab-Prado.

Después de una explosión inicial estamos en pleno proceso de maduración en el debate sobre qué hacemos con los datos que generamos. Las sociedades vamos a tener que decidir cómo usamos los datos de la esfera política. El dilema no es menor. Como apunta Alec Ross, autor del libro Las industrias del futuro: “Las decisiones que tomemos sobre cómo queremos gestionar los datos serán tan importantes como las decisiones sobre gestionar la tierra en la época agrícola o sobre cómo gestionar la industria durante la revolución industrial”. Parece evidente que los datos y la política irán cada vez más entrelazados. Y a pesar de que estos puedan ser neutrales, su uso y difusión no lo es. De qué camino tomemos dependerá la forma cómo nos gobernemos.

Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación.

Fuente original: http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Gobernar-Open-Data_6_558254178.html

 

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¿Qué significa el logo de la Fundación PuntoGov?

logoFPGLos simbolismos tienen mucha importancia para quienes trabajamos y promovemos a través de nuestras acciones cotidianas la democracia, el fortalecimiento de los Estados y la igualdad de oportunidades. Intentamos, incluso partiendo desde la propia identidad de nuestras iniciativas, dar fuerza a esos valores, a los ideales de libertad, igualdad, participación.

El logo de la Fundación Puntogov es un gorro frigio en forma de triángulo y adaptado a una forma de diseño geométrico y moderno. Elegimos este logo porque representa los valores de nuestra ONG y porque el origen del gorro frigio fue utilizado por los griegos y los romanos como símbolo de la libertad de los esclavos. Pero la historia no termina allí y es muy particular.

El gorro frigio en la época de la modernidad fue empleado por las guerras de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa lo empleó como símbolo de derrota de la monarquía. En el siglo XIX se consagra definitivamente como símbolo de la libertad, la democracia y la república, y hoy está presente en varios escudos de naciones latinoamericanas, incluido el de Argentina.

La forma que adquiere el gorro frigio en nuestro logo es una forma sutil, simple, moderna y sintetiza los ideales de libertad, igualdad y participación democrática en equilibro con las partes que componen el triángulo y que movilizan el espíritu de nuestra organización y de cada uno de los proyectos a los que nos abocamos: Democracia, Desarrollo y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

También el logo de Fundación Puntogov es un homenaje y se inspira en el triángulo del reconocido científico argentino Jorge Sábato, quien estableció en nuestro país un modelo de política científica tecnológica. La premisa que Sábato postula destaca que, para que realmente exista un sistema científico tecnológico en pos del desarrollo de una nación, es imprescindible que el Estado (como ejecutor de las políticas públicas), la infraestructura científico-tecnológica (como sector de la oferta de TIC) y el sector productivo (como demandante de tecnología) estén relacionados en forma permanente.

Esas convicciones, con el rol activo la sociedad toda y la participación ciudadana como estandarte, sostienen el trabajo y visión de futuro en Fundación Puntogov.

 

 

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